No sólo es España: Europa insta a varios países a mejorar su tratamiento de aguas residuales urbanas
A finales del pasado mes de febrero, recogíamos en el blog de DAGA el ultimátum que la Unión Europea lanzaba a España por su incumplimiento de la legislación sobre las Aguas Residuales. La noticia era de peso teniendo en cuenta que la directiva a la que no se había adaptado completamente aún el Estado español era la 91/271/CEE, aprobada en 1991 y en la cual se brindaba un margen de hasta 10 años (2001), para adaptar sus infraestructuras municipales. Meses después, se ha ido descubriendo que no sólo es España el país que sigue sin cumplir la normativa en su totalidad, pues varios países han recibido recientemente “avisos” por parte de la Unión Europea (UE) en la misma dirección. Y no se trata de un par de casos aislados.
 

Hasta siete nuevos países advertidos por la Comisión Europea

La Directiva 91/271/CEE exige que los Estados miembros de la UE recojan y traten sus aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente con el fin de proteger la calidad del agua y la salud humana. En el caso de las aglomeraciones de 2.000 habitantes o más, el tratamiento requiere tanto la eliminación de sólidos, como la descomposición de las sustancias orgánicas utilizando bacterias. Algo que no se está cumpliendo al 100%. 

El pasado mes de mayo, la Comisión instó a Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Polonia, República Checa y Suecia a adecuarse a las exigencias de dicha directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y garantizar su recogida y tratamiento adecuados. 

Empezando por Bélgica, la información más reciente indica que en 12 aglomeraciones del país no todas las aguas se trataron adecuadamente. El caso de Bulgaria sería más grave en comparación, pues, según las investigaciones y observaciones recientes, no cuenta con sistema colector en hasta 48 grandes aglomeraciones y no garantiza que las aguas residuales urbanas de 69 grandes aglomeraciones que entran en los sistemas colectores sean tratadas adecuadamente. Además, son hasta 71 las grandes aglomeraciones búlgaras en las que las aguas residuales urbanas entran en los sistemas colectores y se vierten en zonas sensibles sin la garantía total de que hayan siso sometidas a un tratamiento más riguroso. 

En cuanto a Grecia, los datos facilitados por el mismo Estado reflejan que las aguas residuales urbanas no se recogen adecuadamente en 289 aglomeraciones y que, por lo tanto, tampoco se tratan correctamente antes de su vertido. Ocho de estas aglomeraciones vierten en zonas sensibles. En el caso de Francia, el incumplimiento de las obligaciones de la Directiva sigue siendo a gran escala, ya que afecta a 169 aglomeraciones que vierten en zonas normales o sensibles.

En otro de los países advertidos, Polonia, se contabilizan hasta 1.183 aglomeraciones que no cuentan con un sistema colector de aguas residuales urbanas. Además, en 1.282 aglomeraciones, las aguas residuales urbanas que entran en los sistemas colectores no son objeto de un tratamiento adecuado antes del vertido. El país tampoco ha garantizado un tratamiento más riguroso de las aguas residuales que entran en los sistemas colectores y se vierten en zonas sensibles en 426 aglomeraciones urbanas. Una cifra parecida, esta última, a la registrada en la República Checa, donde son hasta 425 aglomeraciones las que no disponen de un sistema colector ni garantizan que las aguas residuales urbanas que entran en los sistemas colectores sean objeto de un tratamiento adecuado. 

Por último, durante la investigación de otro asunto contra Suecia por el incumplimiento de la Directiva, pendiente ante el Tribunal de Justicia de la UE, se concluyó que Suecia había transpuesto incorrectamente varias normas de la Directiva, concretamente, sobre la medición de los parámetros de tratamiento. 
 

Consecuencias a ritmo distinto

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las aglomeraciones enlistadas deberían haber sido conformes a la directiva a fecha de 31 de diciembre de 2010, es decir, hace casi una década. Además, a pesar de que la Comisión ha observado algunos avances en algunos casos, ya ha admitido que no prevé “un cumplimiento pleno en un futuro próximo”.

El mismo ultimátum que recibió España el 12 de febrero de este 2020, lo han recibido ahora Bulgaria, República Checa, Francia y Polonia. Estos países acaban de recibir dictámenes motivados a los cuatro países desde Bruselas y cuentan con cuatro meses para remediar la situación. En caso de no adoptar las medidas adecuadas, la Comisión puede optar por llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los casos de Bélgica, Grecia y Suecia son ligeramente distintos, pues lo que han recibido son cartas de emplazamiento y disponen ahora de cuatro meses para responder. Eso sí, en caso de no responder y pasar a la acción, la Comisión puede acabar enviándoles también un dictamen motivado.

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